A pesar de resultar favorecidos por el voto popular el pasado 26-S, los diputados José Sánchez "Mazuco" (Un Nuevo Tiempo-Zulia), Biagio Pilieri (Convergencia-Yaracuy) y Freddy Curupe (Un Nuevo Tiempo- Anzoátegui), continúan sometidos a medidas restrictivas de la libertad. Se trata de una situación irregular, que viola flagrantemente los preceptos constitucionales.
El artículo 200 de la Carta Magna, es bastante claro: "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo...". De conformidad con esta norma, los tres diputados debieron ser puestos en libertad plena, una vez que fueron proclamados por la correspondiente junta regional electoral del CNE.
Pues bien, en una situación que vulnera el Estado de Derecho, dos de ellos (Pilieri y Mazuco) se mantienen hoy bajo arresto domiciliario, y el otro (Curupe) continúa en un calabozo de presos comunes.
Es difícil encontrarle explicación a esta ilegal realidad. Por una parte, pareciera que el Gobierno pretende restarle importancia a la derrota que sufrió en las pasadas elecciones parlamentarias. Hay una estrategia destinada a desvirtuar el valor y efectividad del voto ciudadano. Lo cierto es, que la soberanía popular se expresó y debe ser respetada. Esto no admite matices o interpretaciones leguleyas.
Una vez que los distintos jueces de instancia se lavaron las manos y remitieron los expedientes al TSJ, es ahora a la Sala Plena la que le corresponde tomar una decisión en las diferentes causas de estos diputados. En efecto, los respectivos ponentes ya fueron designados.
Paradójicamente, la persona que debe redactar la decisión en el expediente de "Mazuco", es la magistrada Deyanira Nieves, hija de David Nieves, quien fue detenido a finales de los años 70, al ser relacionado con el secuestro del empresario William Niehous. En ese entonces, Nieves resultó electo diputado y fue puesto en libertad, respetándosele la inmunidad parlamentaria adquirida. Lo que ayer fue bueno para el pavo, hoy debe serlo para la pava.
En Venezuela, siempre se ha reconocido la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. Al caso de Nieves, le podemos sumar los de Salom Meza y Rafael Uzcátegui, quienes también en el pasado lograron salir de la cárcel, a través de su elección como diputados. En este tipo de situaciones, se entiende que opera una especie de "indulto popular".
Como es sabido, en 1994, luego de haber sido detenido por protagonizar 2 golpes de Estado, Hugo Chávez recibió un indulto presidencial. En esa oportunidad ningún juez postergó ilegítimamente su libertad. En el caso de los actuales diputados presos, debe ocurrir lo mismo.
A pesar de las tácticas dilatorias, a los magistrados del TSJ no les queda otra opción que la de otorgarles la plena libertad a los diputados ya proclamados. De lo contrario, se expondrían a ser sancionados inclusive penalmente. La parte in fine del artículo 200 de la Constitución, señala que: "los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley".
La soberanía popular, no puede ser buena en unas circunstancias y mala en otras. Los ciudadanos que votaron por Pilieri, "Mazuco" y Curupe, los quieren libres y representándolos en la próxima Asamblea Nacional. Esperemos que así sea.
Javier Porras
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